La no convalidación del Real Decreto-ley conocido como “decreto ómnibus” ha generado una carga de trabajo extraordinaria para los profesionales de la gestión laboral en Canarias, con consecuencias directas en la confección de nóminas, la gestión de cotizaciones y el cumplimiento diario de las obligaciones empresariales.
Esta situación ha sido recogida por el diario La Provincia, que publica las declaraciones de Fermín Ojeda Medina, decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, quien advierte del impacto real y operativo que esta falta de previsión normativa está teniendo sobre un colectivo que gestiona la actividad laboral de ocho de cada diez empresas canarias.
Desde el Colegio se subraya que los Graduados Sociales no se limitan a aplicar la normativa, sino que garantizan su correcta ejecución, traduciendo los cambios legales en cumplimiento efectivo para empresas y personas trabajadoras. La ausencia de estabilidad normativa y la improvisación legislativa generan inseguridad jurídica, duplican el trabajo técnico y provocan una sobrecarga no reconocida ni compensada en los despachos profesionales.
Esta situación afecta de forma directa al normal funcionamiento de las empresas y pone de relieve la necesidad de una mejor planificación normativa, que tenga en cuenta el papel esencial de los profesionales que hacen posible la aplicación real de las decisiones legislativas.
El Colegio reafirma su compromiso con la defensa de la profesión y con la necesidad de visibilizar el trabajo técnico y jurídico que desarrollan los Graduados Sociales como pieza clave del sistema laboral y productivo de Canarias.
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